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Trump levanta prohibición a empresa azucarera acusada de abusos contra haitianos

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La administración de Trump anuló una decisión tomada bajo el mandato de Biden que prohibía exportar azúcar a Estados Unidos, a la empresa con más empleados en República Dominicana, debido a denuncias de trabajo forzado y maltrato a trabajadores haitianos

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En 2022, la administración de Joe Biden prohibió la importación de Estados Unidos del azúcar producido por la empresa dominicana Central Romana – el principal empleador del país vecino- debido a denuncias de abusos y trabajo forzado de haitianos en esta gran empresa.

La prohibición, que afectaba a Central Romana, la mayor productora de azúcar de la Republica Dominicana y también la mayor exportadora hacia Estados Unidos, fue levantada en marzo pasado por la administración de Donald Trump.

Central Romana Corporation Ltd., fundada en 1912, es una de las principales empresas agroindustriales y turísticas de la República Dominicana. Emplea a aproximadamente 20,000 personas en el conjunto de sus actividades.

La producción de azúcar a partir de la caña sigue siendo su actividad principal, y depende en gran medida de trabajadores haitianos o de origen haitiano. Estos cultivan más de 65,000 hectáreas de caña de azúcar y se encargan de transformar el producto en su propia refinería.

Más de un mes después de la reanudación de las exportaciones hacia EE. UU., las condiciones laborales de los trabajadores- en su mayoría haitianos- continúan deteriorándose, según una docena de entrevistas realizadas por AyiboPost a defensores de derechos humanos, organizaciones presentes en el territorio y a tres empleados de la empresa.

Dos trabajadores haitianos cargan caña de azúcar cortada en una carreta para transportarla a la fábrica, en un campo privado cerca de Santa Fe, en San Pedro de Macorís. La caña cosechada allí también se transporta a la fábrica de Central Romana, 27 de mayo de 2021. Foto : Pierre Michel

No existe información pública sobre los términos de las negociaciones que condujeron a la reanudación de las exportaciones.

Según tres defensores de derechos humanos cercanos a los trabajadores, contactados por AyiboPost, la decisión de levantar la prohibición no fue precedida por medidas correctivas reales contra el trabajo forzado.

La empresa estadounidense Fanjul Corporation posee una participación del 35 % en Central Romana Corporation Ltd.

Muy involucrada políticamente, esta empresa donó, a través de aportes individuales y de sus comités de acción política, un millón de dólares al comité de acción política Make America Great Again — en apoyo a la campaña presidencial de Donald Trump — así como 413,000 dólares al comité del Partido Republicano en 2024.

Informes disponibles en el sitio web del Senado estadounidense indican que Central Romana gastó más de un millón de dólares en actividades de cabildeo entre 2023 y 2025.

La prohibición estadounidense fue implementada en octubre de 2022, pocas semanas después de que el Corporate Accountability Lab (CAL) y otras ONG enviaran una carta pública a la administración Biden instando al gobierno a tomar medidas contra el trabajo forzado en la empresa.

La medida fue aplicada por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en virtud del artículo 307 de la Ley Arancelaria de 1930, que prohíbe importar a EE. UU. bienes producidos mediante trabajo forzado o penitenciario.

La organización sin fines de lucro Corporate Accountability Lab (CAL) ha seguido de cerca la situación en Central Romana desde 2021. Con sede en Chicago, esta organización trabaja en temas relacionados con la responsabilidad empresarial en derechos humanos y protección ambiental desde 2016.

En comunicaciones con AyiboPost, Charity Ryerson, directora ejecutiva de CAL, afirmó que los datos recopilados en el terreno siguen mostrando horas extras excesivas, retenciones salariales, condiciones abusivas de trabajo y vivienda, así como otros indicadores de trabajo forzado.

AyiboPost contactó a la embajada estadounidense en República Dominicana, así como al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití. Este artículo será actualizado si se recibe una respuesta.

Un trabajador haitiano corta caña de azúcar en un campo privado cerca de Santa Fe, en San Pedro de Macorís. La caña que se cosecha allí también se transporta a la fábrica de Central, 27 de mayo de 2021. Romana Foto : Pierre Michel

Los trabajadores agrarios de Central Romana viven en los llamados “bateyes”, asentamientos construidos por los propietarios de las plantaciones para facilitar el trabajo durante la cosecha de la caña.

Tres de ellos denuncian a AyiboPost condiciones de trabajo duras, en viviendas en mal estado, sin agua potable ni baños. Algunos afirman trabajar desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde sin pausa.

Uno de los empleados, que pidió mantenerse en el anonimato por temor a ser despedido, relata que duerme en una casa en ruinas donde, cuando llueve, se ve obligado a pasar la noche de pie.

“En el trabajo enfrentamos más miseria que soluciones. A nadie le importa si dormimos en condiciones dignas o si nuestro salario alcanza para sobrevivir”, dice otro trabajador contactado por AyiboPost.

Un empleado de unos treinta años, originario de Marigot (sureste de Haití), que llegó a República Dominicana en octubre de 2017, se queja del bajo salario.

“Lo que ganamos no alcanza ni siquiera para cubrir nuestras necesidades básicas”, afirma. “Por ocho horas de trabajo, ganamos 580 pesos, unos 10 dólares estadounidenses”. Añade que a veces se ve obligado a usar la misma agua destinada a los animales.

El cortador de caña asegura que quiere regresar a vivir a Haití, pero su difícil situación económica no se lo permite.

AyiboPost contactó a Central Romana el 2 de mayo a través de un formulario disponible en su sitio web para solicitar una reacción. La empresa no había respondido al momento de la publicación.

Desde 2021, CAL ha realizado varias visitas al lugar, durante las cuales entrevistó a decenas de cortadores de caña y residentes de los bateyes.

Charity Ryerson sostiene que su organización documentó, entre 2024 y 2025, casos en los bateyes de Central Romana donde tres o cuatro adultos comparten un solo colchón individual en barracones destinados a una sola persona.

Los niños a menudo beben agua contaminada y los ancianos mueren sin atención médica, bajo un calor extremo, añade Ryerson.

Según la abogada, otros trabajadores siguen cortando caña a edad avanzada, sin acceso a la seguridad social ni a las pensiones por las que han cotizado durante décadas.

La situación no difiere mucho de la que se vive en otras azucareras dominicanas, donde también se han documentado violaciones sistemáticas de los derechos laborales.

Dos trabajadores de la empresa Central Romana, cerca del batey La Higuera, en La Romana, descargan un carro de caña de azúcar cortada con la ayuda de un elevador mecanizado. La caña de azúcar cortada en los campos de la empresa Central es transportada hasta el punto de carga en carretas tiradas por bueyes. Trenes la llevan hasta la fábrica de Central Romana. Toda la región de La Romana está atravesada por esta infraestructura. 26 de mayo de 2021. Romana Foto : Pierre Michel

La situación de los trabajadores de Central Romana se enmarca en un contexto más amplio, marcado por un endurecimiento de las políticas migratorias dominicanas desde 2024, que ha resultado en la deportación de miles de haitianos, a menudo en condiciones infrahumanas.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 80,000 haitianos han sido deportados a Haití desde principios de 2025.

El 21 de abril de 2025, el gobierno dominicano anunció la entrada en vigor de un nuevo protocolo con quince medidas, entre ellas la obligación del personal sanitario de cobrar por los servicios a los inmigrantes y exigirles una identificación, un permiso de trabajo y una prueba de residencia.

AyiboPost también contactó al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Este artículo será actualizado en caso de respuesta.

La explotación de los haitianos en los campos de caña dominicanos se remonta al siglo XX.

Al menos tres acuerdos fueron firmados entre Haití y República Dominicana entre 1952 y 1966 para regular la entrada de trabajadores haitianos.

Estos acuerdos permitieron la llegada de unos 60,000 haitianos.

Ese número aumentó a cerca de un millón unas dos décadas más tarde. Tras el fin del régimen dictatorial de los Duvalier en 1986, estos acuerdos —ya cuestionados por sus deficiencias en derechos humanos— no fueron renovados por el gobierno haitiano.

Eso dejó la migración en manos de redes de trata en la frontera.

Hoy, los flujos anuales rondan las 30,000 personas.

“Cuando uno llega a un batey, lo primero que ve es un ciclo interminable de miseria: personas tratando de salir adelante, niños que nacen y crecen allí…”, explica a AyiboPost Fabiola Luis Pierre, presidenta de una organización de ayuda al desarrollo y relacionista pública del Movimiento por los Derechos Humanos, la Paz y la Justicia Global (MONDHA) en República Dominicana.

Desde 2013, la Oficina de Asuntos Internacionales del Trabajo del Departamento de Trabajo de EE. UU. ha publicado siete informes que denuncian condiciones laborales peligrosas y violaciones sistemáticas de los derechos laborales en el sector, a raíz de una queja contundente presentada hace más de diez años en el marco de un acuerdo comercial.

Tras la prohibición de 2022, Central Romana implementó varias iniciativas en sus plantaciones para lograr su levantamiento.

Según el abogado y defensor de derechos humanos Carlos Sánchez Díaz, entre 2022 y 2024 se observaron algunos cambios en los bateyes de la empresa en materia de vivienda, seguro médico y un leve aumento salarial.

Pero para el jurista dominicano, estos cambios son superficiales: “Un pañito con pasta, para la prensa”, sentencia en conversación con AyiboPost.

“Lo ideal —prosigue Sánchez Díaz— sería que la prensa y la sociedad civil pudieran supervisar el proceso y verificar si hay mejoras reales. Pero eso no ocurre, porque [los responsables de Central Romana] no dejan entrar a nadie al central”.

Para Charity Ryerson, el trabajo forzado continuará mientras la empresa siga negando a los trabajadores el derecho a organizarse y se niegue a darles a los cortadores de caña un rol central en la mejora de sus condiciones.

Artículo escrito por: Fenel Pélissier & Wethzer Piercin

Traducción al español por: Marcela Alfonsina Colocho Rodríguez

Portada |Foto del presidente estadounidense Donald Trump. Foto:Pari Dukovic/National Portrait Gallery, Smithsonian Institution

Fenel Pélissier est avocat au Barreau de Petit-Goâve, professeur de langues vivantes et passionné de littérature.

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